HUMO BLANCO

Lo de la cobro de cuotas escolares es tema recurrente pero no por ello carece de importancia y menos al tratarse de una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante acuerdos que involucran a las directivos de plateles y organizaciones de padres de familia.

Y es que en el Artículo Tercero de nuestra ley de leyes se establece la gratuidad de la educación de carácter pública en los niveles básico, medio superior y superior.

El caso que nos ocupa es el nivel medio superior y en lo específico el CBETIS 236 ubicado en Ciudad Victoria, cuyo director es JUAN MARCOS SALDAÑA GARCÍA.

Por supuesto que el maestro en mención no es el único directivo de éste tipo de planteles y de otros que pertenecen a la Dirección General de Educación Tecnológica e Informática (DEGETI), a cargo de OLEGARIO MUÑIZ CURA.

Resulta que el poder persuasivo de los mandos convence a dirigentes de organizaciones de padres de familia para que paguen cuotas que se utilizarán en mejoras en los planteles y lo que se requiera, verbigracia la limpieza.

Parte de la justificación es que esto se hace así debido  a que hay rubros que no se cubren con algún programa del gobierno federal o estatal.

La medida suena bien  ya que  los padres  hacen el esfuerzo a fin de que sus hijos estudien en ambientes adecuados en cuanto a servicios, equipo y mejoras  en infraestructura.

Visto así estamos hablado de un modelo de participación de los ciudadanos que hacen lo correcto en beneficio de los estudiantes.

Sin embargo, las aportaciones “voluntarias” son un golpe a la economía de las familias de escaso recursos.

Ello debido a que hay jefes del hogar que están obligados a sacar lo que no tienen, dado que su suelo lo utilizan para alimentos, agua, luz, predial,  transporte e imprevistos.

A esto se suma  una cantidad extra para pago de inscripciones, semestre, libros y uniformes.

Veamos parte de lo que sucede en el 236 y que ha merecido la queja de padres de familia y que, insistimos, no es distinto a lo que pasa en planteles similares.

Cabe señalar que la DEGETI se tiene el registro de 46 mil 775 estudiantes sin contar los de nuevo ingreso.

En cuanto al  CBETIS 236, es probable que su población estudiantil rebase los 2500 alumnos si nos atenemos a que, en el 2022, se reportó que la escuela contaba con 2mil 400 estudiantes.

Se sabe que en el CBETIS citado los alumnos de nuevo ingreso pagan de inscripción 900 pesos y los que están en semestres posteriores deben cubrir la cantidad de 2500 pesos.

Aparte tienen que comprar los libros con particulares, que seguramente los recomiendan los jerarca de la educación, cuyos paquetes  llegan a costar 800 pesos o más.

Lógico que los  montos se duplican si se tiene un par de hijos estudiando.

Si lo que sucede se ve sin la mínima suspicacia pareciera que estamos ante algo normal. Al fin y al cabo se trata de un acuerdo entre las autoridades educativas y las agrupaciones de padres de familia con el objetivo de recaudar dinero y utilizarlo para el “bien común”.

Sin embargo reiteramos: lo que ocurre viola la ley porque no se hace efectiva la educación gratuita. Aunque se asegure que nadie se quedará sin clases por no tener para cubrir el pago de inscripción y el semestre.

Incluso, encontramos por ahí un video en redes sociales del ahora ex titular de la DEGETI, SAMUEL ALCANTAR VARELA, mismo que tiernamente pedía a aquellos padres que no tuvieran para pagar que se acercaran a los directivos del plantel para que atendieran sus casos.

Es de esperar que haya mecanismos “institucionales” que persuaden a la gran mayoría a efectuar su  aportación. Y dese luego que estamos ante una injusticia en perjuicio de las familias que viven al día.

Pero además, ¿quién garantiza que lo recaudado tenga un manejo pulcro y transparente? ¿La rendición de cuentas se dará  de manera individualizada, al igual que como se cobra?

Se sabe que antes de que iniciara lo de la “Nueva Escuela Mexicana” las transas de los directivos eran la constante. En los planteles se hacía la recaudación y de ahí a pasar “el moche” hacia arriba.

Aunado a esto, los obras y compras llevadas a cabo eran susceptibles de sobre precios y emisión de facturas salidas de empresas que se dedicaban a vender ese tipo de documentos.

¿Sabrán los altos jefes  de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en concreto de la Dirección General de Educación Media Superior, lo que pasa en Tamaulipas?

Si hay transas, que es lo más probable, flaco  favor le hacen la Cuarta Transformación (4T) y  a su principal promotor, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

¿Acaso los directivos del subsistema educativo del que hablamos no entienden el significado del mensaje del Jefe del Ejecutivo federal? ¿En serio no han escuchado que “por el bien de todos primero los pobres?

Mal punto para los que sangran a las familias que viven con el Jesús en la boca por la falta de dinero. Y peor todavía que parte del  dinero que logran juntar  con sacrificio, para la educación de sus hijos, se desvíe a cuentas personales.

Bien aseguran algunas voces de que “lo que no suena a lógico,  suena a metálico”.

AL CIERRE

La Sección 51 del Sindicato de Salud, que lidera ADOLFO SIERRA MEDINA, demanda la entrega de 400 plazas para trabajadores que siguen pendientes de concretarse.

Igual denunciaron ante el Subsecretario de Salud, GABRIEL DE LA GARZA, que funcionarios de algunas Jurisdicciones presionan y hostigan a integrantes del Sindicato.

Lamentable que todavía no se haya llevado a cabo la depuración de elementos nocivos que despachan en Salud y que traen tatuada la marca de CABEZA DE VACA.

Seria un despropósito que se apapache en la nómina a los emisarios del pasado y que a los que se sumaron a la trasformación se les margine.