DEL ABOGADO AMIGO

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La ley debe ser funcional para los ciudadanos  

Por Luis Torre Aliyán


¿Qué tal va su día, estimado lector? Hoy quiero hacer una reflexión sobre la base de tres preguntas:
¿Su vehículo ha sufrido daños al pasar por un bache o zanja de COMAPA? ¿Se ha enfrentado a la tramitología que existe para poder cobrar al municipio lo que gastó en la reparación? ¿O, de plano ya prefiere ni preguntar porque asume se topará con obstáculos burocráticos y jamás recuperará su dinero?
Bien, la ley marca con claridad que los particulares que sufran alguna lesión en sus bienes, producida como consecuencia de una actividad administrativa irregular del Estado (en este caso el ayuntamiento), tendrán el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios.
Sin embargo, cuando a Usted se le poncha una llanta y/o se avería su vehículo , gasta en la reparación o en el cambio y es muy complicado que el ayuntamiento se lo pague, cuando en realidad es su derecho, porque Usted no tiene la obligación jurídica de soportar el mal estado que guardan las calles, es obligación constitucional del Municipio garantizar que estén bien.
Por esto, le comparto esta nueva propuesta del Colegio de Abogados, que pretendemos presentar ante el Cabildo para modificar criterios y la alcaldía se responsabilice de sus daños en forma mucho más fácil.
Hoy por hoy, se tiene que, además de presentar escrito dirigido al alcalde, adherir las fotografías del momento del percance y la factura de lo que gastaste, se requiere también un peritaje de valuación de los daños causados emitido y firmado por una persona con conocimientos técnicos en la materia.
Imagínese, estimado lector, además del daño que ya sufrió su carro, tener que contratar y pagar un perito en la materia para que emita un dictamen , solo faltaría que a la par le exijan a uno contratar un Notario público para que haga una fe de hechos en el lugar donde se ponchó la llanta.
Este “requisiterio”, si me permiten la expresión, tiene que ser combatido, y justo de eso se trata esta propuesta, de modificar criterios para que así, rápidamente pueda quien sufrió daño a su patrimonio vehicular, tener la documentación y exigir el resarcimiento del gasto, o sea, que le pague el municipio la llanta, o lo que Usted haya tenido que erogar injustamente.
Entonces , debemos eliminar las barreras que hoy no permiten al ciudadano que se le reintegre su dinero, cuando la ley ya contempla incluso la creación de una partida para esto.
El problema no es de hoy, preciso, en Victoria arrastramos con esto desde años atrás, pero sería un gran logro poner al alcance real del afectado, sean habitantes o visitantes, hacer efectivo el derecho al resarcimiento. Son miles de injustamente perjudicados al año por esta cuestión y, si la autoridad competente es omisa en conservar las calles en buen estado y con ello incurren en actividad administrativa irregular lesionando su patrimonio, tienen que responder.
Desde la sociedad debemos llenar los vacíos que deja la autoridad muchas veces indiferente, y luchar por adaptar a las administraciones a una nueva realidad, donde partamos de la confianza en el ciudadano y exijamos que las autoridades cumplan con su responsabilidad.