Acusan campesinos violencia institucional, no hay quien atienda sus demandas
Chantal Martínez Díaz
El Campamento Ciudadano “Choco Jiménez” que mantiene tomadas desde hace siete días las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) en el municipio de Ciudad Mante, denunció que el superdelegado, José Ramón Gómez Leal así como el procurador agrario han negado atender demandas de despojos a los campesinos de la región cañera y del Altiplano.
La mañana del lunes, el activista Alejandro Jiménez López, también acusó que ni la Codhet, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han atendido desde hace mil días los expedientes de violaciones a los derechos humanos en esas regiones donde hay víctimas entre otros delitos, de asuntos relacionados con la procuración de justicia como por ejemplo las denuncias en contra de los líderes cañeros a los que se protegen, pues la Fiscalía General de Justicia, no le ha dado seguimiento.
También, mencionó existen casos de despojo de tierras, acoso policiaco, persecuciones, intimidación, provocación.
Contó que en la Junta local de Conciliación han perdido expedientes en contra de líderes cañeros bajo la protección estatal para no darle seguimiento.
Acusó ser víctimas de operadores de violencia institucional, violando sus derechos económicos, el del acceso a la verdad y del debido proceso, lo que se mantiene en la impunidad afectando sobre todo a los más pobres del estado: los campesinos.
Ante tal, aseguró que han tratado de buscar la intervención tanto del superdelegado de la Secretaría de Bienestar, José Ramón Gómez Leal y no ha dado respuesta ni siquiera intervenido.
Al igual, mencionó que en su momento, buscaron al otrora titular de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Felipe Garza.
“Le pedimos a la Comisión estatal y la Nacional (CODHET y CNDH) que atendiera asuntos que tenemos planteados desde hace mil días y no nos atienden, antes, se ponen de acuerdo para no atender”.
“Tenemos el sitio clausurado y no nos vamos a retirar”, además anunció que la queja también se va a llevar a Tula, donde también han hecho caso omiso de sus demandas. “Ese sitio está clausurado, no lo vamos a soltar, es más el campamento lo vamos a llevar al altiplano porque al ombudsman no le importa. Tenemos problemas del agua y los derechos agrarios desde hace más de 12 meses que no nos atiende, ni el superdelegado”.
