Sonora / Agencias
Las familias que perdieron a sus niñas y niños en el incendio de la guardería ABC hace 10 años, no pueden concluir el duelo ante la falta de justicia y por la impunidad con que se maneja esta tragedia.
A pesar de ello, las familias han tenido que levantarse sin ayuda de nadie, aprendieron a vivir con el dolor, con la herida que no ha sanado ni cerrado, señaló Patricia Duarte Franco, en entrevista.
La fundadora y vocera del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, que surgió a raíz de la peor tragedia infantil ocurrida en México con la muerte de 49 niñas y niños, externó cómo han aprendido a vivir sin su hijo Andrés Alonso.
Duarte Franco mencionó que después de la pérdida de su niño de casi cuatro años en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, que también dejó 106 menores con diversas lesiones, su familia ha vivido un difícil proceso de reconstrucción.
Acompañada de su esposo, José Francisco García Quintana, ambos convertidos en activistas y promotores de legislaciones que regulen la operación de las estancias infantiles y la protección de infantes, destacó que ahora a 10 años de la tragedia tienen dos hijos, de uno y cinco años de edad.
“Esa herida no cierra, no ha llegado la justicia para nuestros hijos y no llegará mientras siga la impunidad; eso no nos deja estar tranquilos y realizar al 100 por ciento nuestras actividades”, externó.
La carencia de justicia y sin el castigo a los verdaderos culpables, anotó, “no hay duelo culminado” y consideró que hasta ahora no existen elementos que demuestren que las cosas cambiarían con la llegada de un nuevo gobierno con otras ideas.
Duarte Franco externó que “hasta hoy con el cambio de gobierno no vemos que haya mayor sensibilidad, hasta hoy no lo demuestra. El Estado mexicano debe garantizar que la tragedia en ABC nunca más se va a repetir y no vemos que la primera infancia sea prioridad”.
Secundada por su esposo, destacó la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los procesos que tiene pendientes respecto al tema de la guardería ABC y se castigue a los responsables.
Para García Quintana, en los procesos legales en torno al caso a lo largo de 10 años sólo ha quedado al descubierto el tráfico de influencias e irregularidades, situaciones que han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y aunque la resolución de ese organismo internacional no sea de carácter vinculatorio, se emitirían recomendaciones y señalamientos a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Los padres de Andrés Alonso, quien a la fecha tendría 13 años de edad, esperan para el décimo aniversario del incendio en la guardería ABC subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más acciones que compromisos mediáticos.
Patricia aseguró que “lo menos que pueden hacer es respetar el día nacional y estatal de duelo e izar la bandera a media asta, así como darle la importancia que tiene el caso; no me gustaría ver al Presidente lamentándose en la conferencia de prensa mañanera”.
Subió su tono de voz para espetar, “queremos acciones concretas, ya estamos hartos de que no se haga nada, es cuestión de voluntad política”.
Por su parte, José Francisco señaló que de la Cámara de Diputados le avisaron que el 5 de junio se realizaría una sesión solemne del pleno para recordar el décimo aniversario de la tragedia y por ello realizó una petición a las y los diputados federales.
Solicitó a las y los representantes populares en la Cámara baja que se revisen aquellos estados del país que no cuentan con legislaciones locales para regular la operación de las estancias infantiles y de esta manera evitar una nueva tragedia.
“En más de 20 entidades ya se cuenta con ese marco legal, pero se desconoce si ya se tienen los reglamentos y eso le corresponde elaborarlos a los ejecutivos estatales, además algunas entidades y la Ciudad de México no lo han aprobado», dijo.
Luego de trabajar directamente con los congresos locales de diversos estados del país, el padre de Andrés Alonso reconoció que ve un saldo positivo para Sonora y el país con la aprobación del marco legal en los centros de cuidado infantil.
Consideró que pese a este importante avance en la protección de las y los niños en estancias infantiles y planteles de preescolar, se ha logrado el cierre de guarderías y jardines de niños.
“Va lento, pero se está dando un cambio significativo, nosotros formamos parte del Consejo Ciudadano que contempla la Ley 5 de Junio y hemos visto cómo ahora existe más conciencia y la gente se atreve a denunciar, lo más importante es que están cambiando las cosas”, subrayó.
José Francisco y Patricia consideraron que su lucha por los derechos de la primera infancia respecto a la seguridad en las estancias infantiles es una forma de que las niñas y niños sigan trascendiendo en vida con la protección de todas y todos los menores.
Sin embargo, Patricia, quien encabeza la lucha por la justicia para las víctimas fatales de la estancia infantil, externó su desacuerdo con la nueva medida de entregar los apoyos directos a las madres de familia para las guarderías.
La forma, consideró, no es la mejor porque el nuevo mecanismo de apoyo no asegura que las y los menores sean llevados a una estancia infantil para su desarrollo social y cognitivo.
Sin embargo, el nuevo mecanismo positivo de fondo es que se trata de combatir la corrupción que se presentó en la operación de las estancias infantiles que manejaba la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
«Esa no fue la mejor decisión, porque de alguna manera se le está restando la importancia que tiene el bienestar, la seguridad y el desarrollo de las y los infantes de sectores vulnerables del país», dijo.
