Cd. Victoria, Tam.- El Pleno Legislativo de Tamaulipas, aprobó el Dictamen por el cual se busca que se realicen las gestiones para la operación de una compañía aérea más, que ofrezca vuelos de bajo costo en la ruta Ciudad Victoria-Ciudad de México-Ciudad Victoria, además, recibió la Iniciativa que plantea tipificar en el Código Penal del Estado, el “Delito contra la intimidad personal”.
Se aprobó el Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismo del Estado, para que realicen las gestiones necesarias ante la de Comunicaciones y Transportes, de Turismo del Gobierno Federal, y la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para la operación de una Compañía Aérea más, que ofrezca vuelos de bajo costo en la ruta Ciudad Victoria-Ciudad de México- Ciudad Victoria.
La Sexagésima Tercera Legislatura, votó a favor del exhorto, ya que se permitirá incentivar y fortalecer el sector turístico y comercial, propiciando la instalación de comercios, restaurantes dentro del aeropuerto y hoteles a los alrededores de este, la operación de una línea aérea más, fomentará una sana competencia entre las prestadoras del servicio aéreo, provocando tarifas más bajas para los usuarios.
En la sesión de este miércoles, las y los Diputados locales, aprobaron exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que lleve a cabo la construcción y/o reparación con material hidráulico de la carretera identificada como Avenida de la Industria del Municipio de Altamira.
De la exposición de motivos de la acción legislativa, destaca que la carretera en mención se encuentra en muy malas condiciones actualmente, generando retraso a los usuarios para llegar a su destino, además de propiciar accidentes de tránsito, en virtud del deterioro que presenta, por lo cual recibió el voto del Pleno.
También, con pleno respeto a la autonomía política y administrativa de los Municipios, se exhortó a los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, a realizar una revisión periódica de todos los parques, plazas, áreas verdes e inmuebles públicos, para que se encuentren en condiciones óptimas de cumplir con los objetivos para los que fueron construidos, y que su deterioro y olvido no se preste a la práctica de conductas antisociales.
Entre otros asuntos, la Mesa Directiva que preside el Diputado Ángel Romeo Garza Rodríguez, recibió diversas propuestas, figurando la que plantea reformas al Código de la entidad, tipificando el “Delito contra la intimidad personal” que recaerá en quien publique, divulgue, difunda, exhiba o propague imágenes de video o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de las personas involucradas en los hechos.
Lo anterior, sin su consentimiento, aun y cuando mantenga o haya mantenido con él o ella, una relación de confianza, afectiva o sentimental. Con esta medida se dará respuesta a las nuevas formas delictivas que hasta ahora estaban en un vacío jurídico.
En la acción legislativa, se menciona que se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de 800 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida Actualización a quien cometa el delito. La pena se aumentará hasta en una mitad, cuando la víctima fuese menor de 18 años de edad, o bien, cuando no tenga la capacidad de comprender el carácter erótico, sexual o pornográfico del hecho que constituye el contenido difundido.
El legislador Garza Rodríguez turnó las seis Iniciativas recibidas a las Comisiones correspondientes, para su análisis y dictamen, citando a sesión para el día 30 de abril, a partir de las 11:00 horas.
Cabe mencionar, que durante los trabajos de este día, la Comisión de Estudios Legislativos, dictaminó viable reformar la Ley de Educación, a fin de establecer como derecho y obligación de los padres y tutores, la supervisión diaria que deben tener de la conducta de los menores, verificar que no lleven ningún tipo de armas u objetos, mucho menos, que acudan a la escuela en posesión de los mismos.
Asimismo, la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, votó procedente autorizar al Ayuntamiento de El Mante, la donación de una fracción de terreno, a favor del Poder Judicial del Estado, para la construcción y operación de un Centro de Convivencia Familiar, espacio neutral con servicios multidisciplinarios, en los que pueda darse de manera sana la convivencia entre el progenitor no custodio y los hijos menores, a fin de coadyuvar en la generación y fortalecimiento de los lazos de apego y confianza entre ellos.