Por Redacción
Cd. Victoria, Tam.-El Pleno Legislativo, aprobó el Dictamen por el que se reforma la estructura y funciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), transformándose en una Fiscalía, con autonomía administrativa, técnica y operativa, dejando de ser una dependencia del Ejecutivo Estatal, además, su titular durará en el cargo por siete años.
La Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez, destacó que con estas modificaciones a la Constitución Política del Estado, se colocará a la Sexagésima Tercera Legislatura, entre las primeras en adoptar esta figura, además, se contribuirá para que el trabajo al interior de la nueva fiscalía, se realice con imparcialidad y eficiencia, avanzando hacia una transformación que le permita consolidarse, a fin de brindar certidumbre a los tamaulipecos de una justicia pronta, expedita y transparente.
Durante el análisis del Dictamen, a propuesta del Diputado Alejandro Etienne Llano, se aprobaron cambios, con el propósito de fijar la no reelección del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, así como, que el Fiscal General de Justicia, rinda un informe anual de actividades.
Los Diputados Víctor Adrián Meraz Padrón y Humberto Rangel Vallejo, también propusieron ajustes, entre ellos, destaca que será el Fiscal General de Justicia y no el Gobernador, quien proponga a los fiscales especializados en materia de delitos electorales y asuntos internos, también diversas adecuaciones a los artículos transitorios para dar mayor claridad.
Es importante señalar una de las tres fiscalías especializadas, la de combate a la corrupción, su titular será designado por convocatoria pública, habida cuenta que la esencia de ésta, debe estar a cargo de una persona independiente y desligada totalmente del entorno público, que surja de la sociedad.
Así mismo, se deberá contar con un Consejo de Fiscales, que fungirá como órgano colegiado encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Fiscalía General en todas sus actuaciones. Con esta acción legislativa.
De igual forma, se creará un Consejo de Participación Ciudadana, conformado por cinco Consejeros independientes, quienes deberán contar con probada experiencia en materias de ciencias forenses y penales, procuración de justicia, seguridad pública y cualquier otra que resulte afín a su objeto, cuyo cargo será honorario.
Son algunos de los principales puntos de las reformas Constitucionales, mismas que fueron aprobadas por el Pleno del Congreso y que dan paso a una nueva institución, que busca dotar al Estado, de mayor eficiencia en materia de procuración de justicia y combate a la criminalidad, además de que ello trae consigo el fortalecimiento del Ministerio Público.
