CIUDAD VICTORIA.- Al descartar rezagos o retrasos en las indagatorias, la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades sobre el millonario desfalco descubierto en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas va por buen camino y en su tiempo la Fiscalía determinará lo conducente, aseveró el abogado general de la UAT Carlos Mora García.
Se trata dijo, no de tiempos, sino más bien de acreditar debidamente los delitos imputados para poder solicitar la aplicación de la justicia.
“Son procesos complejos, nosotros estamos más interesados en que las cosas se vayan soportando legalmente en sus términos, que en otro sentido”, refirió el abogado general de la UAT.
“En su momento y en su oportunidad la Fiscalía tendrá que pronunciarse”, acotó.
Mora García dijo que no hay un plazo específicamente determinado en la ley, ya que son procesos que se van dando, y que la Fiscalía va reuniendo los elementos que requieren para la conformación de la responsabilidad; “y sobre esa base cuando ya tienen reunidos los suficientes elementos es cuando proceden”.
“La Fiscalía empieza a hacer las primeras actuaciones correspondientes, eso es plenamente de su ámbito de responsabilidad, se está haciendo lo que normalmente ocurre, se están presentando las correspondientes diligencias”, añadió.
Sobre el avance del proceso penal que se abrió por las agresiones físicas al personal y daño patrimonial que alrededor de 20 sujetos encapuchados llevaron a cabo hace tres semanas en el Campus Mante de la UAT, el abogado de la máxima casa de estudios mencionó; “hay avances también muy sustantivos, hay órdenes de aprehensión ya dictadas al respecto”.
“En ese sentido no tenemos ninguna observación que formular a la Fiscalía General, hemos tenido las respuestas que nosotros esperábamos de ellos”, refirió.
Cabe recordar que fue en el pasado mes de febrero cuando el abogado General de la UAT informó en rueda de prensa que había presentado una denuncia contra el ex gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, así como en contra del ex rector Guillermo Mendoza y otros funcionarios de su administración por un desfalco de 180 millones de pesos, el cual podría ascender hasta los 500 millones de pesos.
