Redacción
CIUDAD VICTORIA.- Para dejar sin efectos el “agandalle” legislativo que llevó a cabo “la bancada del Prian y dos diputadas traicioneras”, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentó una serie de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En rueda de prensa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado Úrsula Salazar Mojica refirió que a la presentación de las controversias constitucionales los acompañó el coordinador general del proceso de transición del Gobierno estatal Santiago Nieto Castillo.
“El día de ayer presentamos diversos medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar una serie de actos inconstitucionales e ilegales cometidos por los legisladores del Prian y de dos diputadas traicioneras”.
Salazar Mojica señaló que en en la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones que se llevó a cabo el día 30 de junio “los diputados priianistas” violaron el reglamento de funcionamiento interno del Congreso del Estado de manera sistemática.
“Como si este fuera una extensión más de lo que ellos creen que les pertenece, para seguir ofendiendo y burlándose del pueblo de Tamaulipas”.
La Coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado detalló las diferentes acciones que han emprendido para contrarrestar lo que calificó como actos ilegales.
Dijo que se presentó un recurso de defensa de derechos políticos electorales por la designación de la Diputación Permanente.
También dieron a conocer que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en contra de Imelda San Miguel Sánchez y Félix Fernando García Aguiar por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público “al nombrar de manera ilegal una diputación permanente y prorrogar una sesión sin los requisitos de ley”.
Con el acompañamiento del diputado de Movimiento Ciudadano Gustavo Cárdenas Gutiérrez presentaron un recurso de defensa de derechos políticos electorales toda vez que se le negó el acceso, junto con Salazar Mojica, a ejercer su cargo como integrantes de la junta de coordinación política. “fueron omisos en convocarnos a reunión de la misma para acordar la prórroga de la sesión por haber pasado las cinco horas que establece la ley”.
En el punto número tres, Salazar Mojica se refirió al blindaje que se hizo en favor de ciertas instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado, quitando para la creación de una “superfiscalía” atribuciones al Poder Ejecutivo.
“Qué significa todo esto, el control de un monopolio criminal ejercido desde hace seis años por el grupo panista”, recalcó Salazar Mojica.
