México.- La Secretaría de Gobernación hizo un llamado enérgico al Congreso de Nuevo León a no aprobar reformas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes e infrinjan la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos.
Dicho Congreso está próximo a poner a votación una reforma a su Constitución local en materia educativa, que prevé una modificación para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Las modificaciones vienen de la reforma propuesta a la Ley de Educación estatal sobre el “pin parental”, la cual establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas, “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.
Sin embargo, la Segob argumentó que, en su conjunto, las reformas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre éstos.
En un comunicado, la dependencia federal sostuvo que las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia.
De aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.
Además, extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio.
La federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos, sujetándose a los principios rectores que extensamente establece el artículo tercero constitucional.
La única participación de autoridades locales y otros actores sociales es a través de opiniones que pueden emitir a la SEP. Esto no autoriza a madres y padres de familia a emitir vetos o «pines parentales» sobre los contenidos educativos.
Señaló que uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos.
El ejercicio del derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia, libre de cualquier tinte ideológico, agregó, implica que los contenidos educativos deberán forzosamente abordar estos temas que incluyen “el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual”.
La Segob recordó que la Observación General 20 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas refiere que el acceso a la información, y el asesoramiento sobre la salud sexual y reproductiva no debería de verse obstaculizado por el requisito del consentimiento o la autorización de terceros.
Por su parte, el derecho a una educación con perspectiva de género ayuda a impulsar una sociedad inclusiva y no sexista, y es un paso importante para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.
