Por Perla Velázquez
México, 7 Oct (Notimex).- Durante este año han sido asesinadas por lo menos 16 personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, señaló Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
En entrevista con Notimex, Olivares Ferreto dijo que México y Colombia son los dos países del mundo en donde más personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han sido asesinadas.
Señaló que “algunas de ellas han sido reconocidas por el estado mexicano”, sin embargo, otras personas que han sido asesinadas por su labor y en muchos casos, como sucede con otros crímenes, son asesinatos que están impunes.
Por ello, destacó la importancia de “hacer visibles cuáles son los riesgos que corren las personas que defienden la tierra y el territorio”, entre ellos está la criminalización y el asesinato.
Uno de estos casos fue el de Julián Carrillo, defensor rarámuri de la tierra y el territorio, quien fue asesinado el 24 de octubre del 2018. Su muerte se sumó a la de otras 13 personas ocurridas durante ese año, según la organización Global Witness.
Edith Olivares expuso que la defensa de la tierra y el medio ambiente viene enfrentando en la última década, amenazas muy fuertes, porque hay muchos intereses en diferentes localidades por hacerse de territorios que, por ejemplo, estaban en manos de comunidades indígenas o que son protegidos por comunidades indígenas, que es mucho lo que pasa en México y Colombia.
Se trata, dijo, de personas que están defendiendo el agua, el aire, los ríos, los bosques, es decir, “los recursos a través de los cuales tenemos el país que tenemos, por eso nos parece muy importante recordar que hay personas que viven en ese riesgo por defender lo que es de todo el país, lo que es de todas las personas mexicanas”.
Mencionó que el recurso natural genera riqueza, y a la par estas personas están protegiendo su entorno, su cultura y su medio, por lo cual se enfrentan a intereses muy poderosos como empresas u otros grupos que pueden estar al margen de la legalidad y que también buscan apropiarse de territorios aledaños a ríos o bosques.
Una de las consecuencias después del asesinato de una persona defensora del medio ambiente es la desmovilización de la comunidad. Por ello, Amnistía Internacional lanzó una campaña para exigir justicia por estas muertes y sensibilizar a la población sobre el tema.
“Las medidas de protección no pueden limitar la labor de protección, no puede ser que para que a una persona se le pueda garantizar su vida, necesite renunciar a la labor que desarrolla”, señaló Olivares Ferreto, quien consideró que la prioridad es garantizar que las personas puedan continuar con la defensa de la tierra y el territorio.
