Agencias
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra más de 60 funcionarios por desvío de recursos públicos.
Ellos son de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol).
El supuesto delito es por el desvío de más de 800 millones de pesos, conocido como «Estafa Maestra».
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio informe de que existen cuatro procesos.
En estos hay seis funcionarios de la Sedatu que enfrentan proceso judicial en libertad.
Esto derivado de acuerdo con la ley vigente, los delitos de los que se les acusa, no son graves.
Agregó que hay averiguaciones previas retrasadas desde 2015.
Las cuales corresponden a la Sedesol (hoy Secretaría del Bienestar) con siete personas involucradas.
Ademas de carpetas de investigación que involucran a 57 personas de ambas dependencias, contra quienes se realizan los procedimientos para consignarlos ante un juez.
En próximas fechas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, llamará a declarar a quienes estén implicados en el tema.
La institución dará cuenta de todos los obstáculos procesales y legislativos que enfrente en la investigación.
Pues dijo, en “el marco normativo nos está dificultando mucho el trabajo” en el caso en el que se provocó un daño patrimonial de 839 millones 769 mil 480 pesos.
En este sentido, la Fiscalía tiene la obligación de hacer todas las ponencias y todas las gestiones ante el Poder Legislativo para que los procesos judiciales tengan una mayor velocidad y una mayor transparencia.
Aclaró que no puede dar a conocer los nombres o rangos de los servidores públicos por “la cantidad de acciones por parte de los defensores. Están buscando lo que sea para poder detener estos procesos. No vamos a hacer absolutamente nada que detenga este proceso; ya se ha detenido eso suficiente y yo creo que lo que todos necesitamos es que salgan adelante”.
A su vez, el subprocurador Muñoz Vázquez detalló que los delitos por los que se investiga a los servidores públicos son: peculado, ejercicio indebido del servicio público, entre otros, que consisten en contrataciones indebidas, contrataciones de servicios que no fueron prestados y triangulaciones de dinero que se hicieron para desviar los recursos.
Señaló que existen ocho juicios de amparo promovidos por los imputados que impiden que se realice la consignación de las averiguaciones previas, y en otros casos, que el juez de control señale fecha de audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso.
Refirió que cuentan con 23 expedientes, de los cuales 20 son carpetas de investigación y tres son averiguaciones previas, una de las cuales ya está integrada con pliego de consignación ante un juez para que ejerza acción penal contra diversos servidores públicos, aunque debido a la suspensión definitiva que se les otorgó en juicios de amparo, no se ha podido realizar este procedimiento.
Las tres averiguaciones previas datan de 2015 y de las 20 carpetas de investigación, 10 son de 2017 y 10 más de noviembre de 2018 a la fecha, agregó.
