AMAGAN CON PROTESTAS
Por Clemente Castro González
Lo que se capta en el ambiente es una posible rebelión de las bases de la Secretaría de Salud, sino ven claro lo de la entrega de bonos y vales.
El punto es que el descontento podría brotar en los lugares en los que se lleven a cabo las posadas a favor de los trabajadores.
Lo anterior se percibe en grupos de whatsApp, mediante los que tienen comunicación fluida los empleados, por ejemplo las enfermeras.
Al respecto circuló la versión en el sentido de que habría protestas en el Polyforum de Victoria, a donde asistirían, el día de ayer, los altos mandos de la dependencia para el festejo de fin de año.
La queja recurrente es que, en otro tiempo, para éstas fechas ya habían recibido lo que corresponde a sus “conquistas laborales”, pero ahora no veían claro.
Mayor ruido les metió el que se les informara de una tarjeta que se les entregaría para hacer efectivo lo que esta pendiente.
En un mensaje que se mandó por redes se podía leer: “CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR Y RESOLVER ALGUNAS DUDAS A LOS COMPAÑEROS QUE VAN A RECIBIR EL BONO DE FIN DE AÑO Y EL BONO SEXENAL EN MONDERO ELECTRÓNICO DAMOS A CONOCER QUE LA EMPRESA SERA TOKA”.
Luego se precisó: “La tarjera no es una tarjeta bancaria por lo cual solo se podrá checar el saldo y los movimientos por medio de la aplicación o directamente en la página https://sistemas.toka.com. mx/consultasaldo/Ingreso-consulta-de-saldo.aspx.
La incertidumbre en el personal es porque no saben cuánto les van a dar e igual tienen sus dudas sobre el funcionamiento de la citada tarjeta.
Esperemos que se hagan las aclaraciones pertinentes y, sobre todo, que se satisfaga la demanda de los trabajadores.
Algo que se preguntan integrantes de las bases es dónde andan y qué hacen al respecto las lideresas MARIBEL GONZÁLEZ ARREDONDO y BLANCA VALLES RODRÍGUEZ.
Buen tema, por supuesto.
Guardas las proporciones, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), algunos empelados se quedaron sin aguinaldo y sin pago de la quincena.
Trascendió que en las oficinas del tricolor se dieron reclamos por parte de las afectados hacia administrativos del partido.
Los quejosos sostienen que únicamente los de “abajo” pasan tales penurias en tanto que la alta jerarquía no suda ni se abochorna por aquello de que si hay pero no para todos.
RULETA
En verdad que no es un problema menor lo de los vehículos ilegales de procedencia extranjera que circulan en Tamaulipas y otras entidades de país. De ahí que algo tendrá que hacer al respecto la federación.
Sobre el tema, los dirigente de agrupaciones defensoras de los llamados autos “chocolates” hablan de cinco millones de unidades que se mueven en territorio nacional y deben ser nacionalizadas para dar salida a un problema social.
En efecto, no hay de otra más que perfilar un plan en ese sentido porque no es adecuado que se de largas a algo tan delicado.
Y es que, ya se ha dicho, al no haber un registro puntual de los automotores que se internaron procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica, sin cumplir con los requisitos establecidos para ello, también llegan a representar un riesgo, debido a que son susceptibles de ser utilizados por delincuentes para realizar sus ilícitas actividades.
Por supuesto que no hablamos de que la generalidad de vehículos de procedencia ilegal sean usados para cometer crímenes pero el registro da cuenta de que esto si se da.
De lo que no hay la menor duda es que hay quienes se dedican al negocio de traer unidades motrices del vecino país del norte y surten a un amplia clientela cuya capacidad económica no les alcanza para acceder a un vehículo de agencia o de medio uso, mexicano o pagar su regularización acorde a la ley.
Los que igual se llevan su tajada son servidores públicos que se hacen de la vista gorda con lo que sucede y ni que decir de los policías federales, con quienes deben reportarse los que se dedican a pasar éste tipo de autos.
Suponemos que más temprano que tarde, el actual gobierno federal tendrá que dar salida a éste pendiente.
Aunque no se duda que, al hacerlo, enfrente la crítica de los propietarios de agencias de automotores, mismos que están en su derecho de protestar en tanto que son empresas establecidas, las cuales pagan empleados e impuestos.
Otro aspecto que deberá abordarse es marcar un alto a la cadena de corrupción que se da desde que se pasa la unidad “chocolate” por los filtros aduanales hasta que llega a su destino.
No quiere decir que una vez adquirido el vehículo deje de generar dinero. Nada de eso.
Sucede que al hacerse la compra, el cliente debe buscar la protección de organizaciones que promueven la nacionalización y, para empezar, emiten “placas” a fin de que no se de el decomisó de la unidad por parte de las autoridades.
Es de esperar que, la “industria” en mención venga a menos si el gobierno federal actúa, de manera consecuente, en contra de la corrupción.
Por lo pronto tendrá que abordarse lo que administraciones pasadas no atendieron, al menos no en lo concreto.
