REMACHE

0
126

Desde el DIF “reventarán” a niños obesos

Marino chantajeado

Fraude en el reencarpetado de la avenida de la Industria

Por Enrique Zúñiga Castillo


Arcadio Reséndez, subprocurador de Justicia en el estado, practicó un careo, en Tampico, entre las partes involucradas en un pleito. Participaron en la diligencia Jorge Rangel Castillo, agente del Ministerio Público; el secretario de la Fiscalía, Vicente Zapata; José Luis Aguilar, una persona que había servido como intermediario en el asunto, y el marinero Andrés Blanco Guerrero, la supuesta víctima.

El marino se declaraba como víctima de chantaje. El asunto fue enviado al procurador del estado por eso, desde esa dependencia enviaron a Reséndez.

Una noticia publicada en junio de 1972, en un periódico hoy resguardo el ejemplar en el Archivo Histórico de Tampico “Carlos González  Salas”.

Blanco Guerrero había sido aprehendido por un policía judicial, por haberse metido a un domicilio vecino. Logró salir de la cárcel mediante una boleta de liberación firmada por Vicente Zapata, secretario de la agencia. Para obtener el documento, el marinero, afirmaba, haber pagado 300 pesos solicitados por José Luis Aguilar, pasante de derecho quien supuestamente había servido para llevar el oficio y regresar con el dinero.

Rosa Elena Casanova había denunciado, en un principio que el marino le había robado un reloj.

Cuando Reséndez terminó la averiguación, Vicente Zapata, dice la nota, reconoció haber actuado por su cuenta cuando autorizó la salida de Blanco Guerrero. Había firmado la boleta con la cual se le instruyó al jefe de guardia  del servicio Secreto. Aunque el detenido estuvo a disposición de la Policía Judicial y en la barandilla, Zapata había girado la orden a otra corporación como era la del Servicio Secreto.

Aguilar declaró haber recibido los 300 pesos entregados por Blanco y destinados a Zapata.

El subprocurador manifestó que todo lo generado en la audiencia sería entregado a Abel Soberón, procurador del estado para una decisión final.

La nota concluye informando que Vicente Zapata había solicitado licencia por tiempo indefinido pero le fue rechazada hasta que se determinara la responsabilidad en el problema.

Paso a otro tema, amable lector.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2016, tres de cada 10 menores de entre 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad. Casi 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad.

Como se sabe, la obesidad y sobrepeso son detonantes de la diabetes una de las enfermedades que hoy constituyen un serio problema de salud pública pues unos cinco millones de mexicanos la padecen. Anualmente, por causa de la diabetes deben practicarse alrededor de 20 mil amputaciones.

Héctor Escobar Salazar, secretario de Educación de Tamaulipas, declaró al inicio de la semana pasada que la dependencia que él encabeza instruyó a los directivos y maestros poner atención a la comida chatarra que se vende en el exterior de las escuelas. Los exhortó a pedirles a los vendedores ambulantes que se alejen de los accesos a los planteles.

El combate al sobrepeso y la obesidad requiere la participación de todos. Al interior de las escuelas, el personal debe asumir los lineamientos establecidos que prohíben la venta en las cooperativas o tiendas escolares de alimentos con bajo o nulo contenido nutricional.

Desde 2014, la SEP ordenó prohibir la venta de comida chatarra en los centros educativos desde jardines de niños hasta bachilleratos.

Lo más preocupante, es que Tamaulipas ocupa el sexto en obesidad infantil, así lo reconoció el funcionario.

Los alimentos considerados chatarra son los que no necesitan preparación adicional antes de ser consumidos, se elaboran con grandes cantidades de azúcar, grasa y sal; son sometidos a procesos industriales y se comercializan en empaques. Son ampliamente distribuidos comercialmente, lo cual los hace muy accesibles de consumir.

Pese a todo lo anterior, parece que desde el mismo DIF estatal pretenden hacer “reventar” a los niños obesos. Veamos por qué.

Mediante oficio número DG/1997/17, la licenciada Omeheira López Reyna, directora del Sistema DIF Tamaulipas, le solicitó a Arturo Sarrelangue Martínez, director de Centros Regionales de Desarrollo Educativo,

“por instrucciones de la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta de este Sistema DIF. …su amable autorización para la instalación de las máquinas Auto-Vend de la empresa BIMBO, esto con la finalidad de contribuir

en el recurso generado mediante el convenio DIF TAM-BIMBO al Programa “Nuestros niños, muestro futuro”, dicho programa apoya a niños y jóvenes que se encuentran en estado de orfandad derivado por delitos de alto impacto.”

El contacto para darle cauce a la solicitud, menciona el oficio, es Diana Evelyn Mata, directora de enlace, Gestoría y Procuración de Fondos.

Al día siguiente de la fecha mencionada, Sarrelangue Martínez, transcribió el texto y lo giró a los Centros de Desarrollo Educativo. A partir de esa jerarquía todos los supervisores y directores del estado cuentan con esa indicación.

A lo que se comprende es que el dinero generado como ganancia por la venta de los productos Bimbo se destinarán a los niños huérfanos, sin embargo, con tal decisión por tan noble propósito que sea, se convierte en un perjudicial paso al favorecer la gordura entre los niños y jóvenes escolares.

Ya sólo falta que se les dé paso también, para completar el cuadro, a otras compañías como la Coca-Cola y las Sabritas, bajo el mismo argumento de la recaudación de fondos para causas de asistencia social.

En el asunto tiene mucho por investigar y proceder para evitar este crimen contra la infancia y los adolescentes, Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud en Tamaulipas.

Fraude en el reencarpetado de la avenida de la Industria.

Los aguaceros registrados hace unos días descubrieron con deslaves el fraude cometido por quienes realizaron el recién reencarpetamiento de la avenida de la Industria, en Altamira. Las lluvias en algunos puntos han dejado casi en las mismas condiciones en las que se encontraba la arteria antes de que se le rehabilitara. Lo anterior demuestra la chafa calidad del material empleado. Públicamente la alcaldesa Alma Laura Amparán informó que la inversión en la obra fue de diez millones de pesos, sin embargo, tras finalizarse hace menos de un año, la vía se encuentra llena de baches. El deterioro acelerado de la avenida obliga una investigación para determinar la responsabilidad del contratista.

contrarraya@gmail.com

 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here